La Junta de Gobierno de AmChamSpain ha aprobado el siguiente comunicado con el objeto de trasladarlo a la opinión pública antes de las Elecciones Generales del 28 de abril.
En un contexto de ralentización de la economía mundial, España muestra perspectivas moderadamente positivas tanto en el crecimiento de la economía en su conjunto – 2,1% sobre el PIB para 2019 y 1,9% en 2020 frente al promedio en la Eurozona, de 1% y 1,2% respectivamente – como en la creación de empleo.
La recuperación de la economía española desde el 2012 se ha basado en determinados factores, unos endógenos – reformas estructurales y dolorosa devaluación interna en las familias y en las empresas con incremento de la competitividad que ha permitido siete excepcionales años consecutivos de superávit en la balanza comercial – y otros exógenos – política monetaria muy expansiva del BCE y precios bajos del petróleo.
Pese a los riesgos que asoman de la situación internacional (Brexit, crisis de países importantes de la Eurozona, tensiones comerciales globales), parece que los factores exógenos claves para nuestro país (tipos de interés bajos y bajo precio del petróleo) van a mantenerse por algún tiempo.
Por ello, desde nuestra entidad creemos que la economía española podría tener todavía un importante margen de crecimiento a medida que se vayan creando puestos de trabajo, aumentando de esta forma el consumo de las familias y los ingresos fiscales de la Administración. A nuestro juicio, este margen de crecimiento puede estar por encima de las previsiones oficiales, y depende de la forma que se acometan las prioridades que señalamos en este comunicado.
Sin ninguna duda, el país tiene grandes potencialidades: empresas cada vez más competitivas, una capacidad instalada de infraestructuras de trasporte envidiable, un aumento exponencial de la base emprendedora y una importante atracción turística.
Para que el nuevo Gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones generales pueda aprovechar todo este potencial trasladamos – con toda la humildad que le corresponde a una entidad apolítica como la nuestra – lo que consideramos que son algunas de las principales prioridades desde el punto de vista de nuestra institución.
1. Crear empleo masivo de calidad que vaya adaptándose a las disrupciones tecnológicas. España tiene todavía un desempleo de un 14%, superior a los países de la OCDE, especialmente entre la gente joven. Los avances en robótica e Inteligencia Artificial van a suponer además la preminencia de la tecnología sobre la mano de obra en muchos procesos productivos. Por otro lado, la falta de empleo es la mayor de las injusticias y crea las mayores desigualdades. Por ello creemos que el principal objetivo del nuevo Gobierno debe ser reducir el desempleo a menos de un 10% en los próximos cuatro años preparando el mercado laboral a las disrupciones que vienen y centrándose especialmente en reducir el desempleo juvenil. Un empleo al alza ayudará a mantener el sistema de pensiones y otras prestaciones sociales y mejorará las perspectivas de la economía gracias al aumento del consumo interno. En este sentido abogamos por una mayor flexibilidad del mercado laboral y políticas activas de creación de empleo junto a un esfuerzo nacional por parte de las administraciones públicas y los actores sociales para un verdadero plan contingente de recapacitación laboral o Plan Nacional de Reconversión de la fuerza laboral (reskilling) de forma que la adaptación en los próximos años a nuevos escenarios tecnológicos se lleve a cabo de forma rápida y poco traumática.
2. Reducir endeudamiento público y endeudamiento exterior. España tiene una de las deudas netas más abultada de la OCDE, aproximadamente un 77% del PIB, y una deuda pública que también llega al 100% del PIB y que no ha parado de crecer en los últimos años. Este doble endeudamiento mantiene a España en una situación de debilidad extrema ante próximas crisis y supone una pérdida de soberanía, hipotecando a las futuras generaciones con el exterior. El nuevo Gobierno debería tener como prioridad la consolidación fiscal y la reducción de todo tipo de costes de producción para exportar. Las quejas de nuestros socios, especialmente de las multinacionales de matriz extranjera, sobre la inseguridad fiscal (con docenas de reformas anuales en el impuesto de sociedades) y, en general, sobre la profusión normativa e injerencia administrativa poco efectiva en cualquier actividad son constantes. Las duplicidades y triplicidades de trámites administrativos de las diferentes administraciones y la partición de un mercado relativamente pequeño entre 17 administraciones autonómicas generan un lastre para la economía y su capacidad de producción. En este sentido, sugerimos una revisión a fondo de la eficiencia del gasto público, una lucha para la reducción de la economía informal, mejoras en el acervo impositivo (especialmente en el Impuesto de Sociedades), mayor armonización de las legislaciones autonómicas y la revisión profunda y supresión cuando sea necesario de trabas administrativas ineficaces.
3. Mejora de la Educación y su adaptación a los cambios tecnológicos. España tiene una educación mejorable tanto en la escuela (especialmente en comprensión lectora y matemáticas) como en las universidades (faltan universidades española entre las 150 principales del mundo según los dos principales rankings internacionales). Por otra parte, la educación española está quizás demasiado basada en formatos memorísticos, con poca flexibilidad académica, deficiente introducción de las Tecnologías de la Información y donde los “soft skills” (hablar en público, negociar, idiomas, etc), brillan en muchos casos por su ausencia. Un país necesita preparar a sus jóvenes en la excelencia, especialmente en estos momentos de disrupciones tecnológicas y competencia global, está condenado al fracaso. Creemos que la nueva legislatura tiene que dar como fruto una reforma educativa de amplio consenso que sea muy pragmática, tenga como fin atraer y retener talento productivo y que perdure en el tiempo. Entre otras medidas, abogamos a introducir mayor meritocracia en el sistema educativo, de forma que los profesores sean atraídos de todas las partes del mundo, y retenidos e incentivados según sus méritos, periódica y objetivamente evaluados. Además, creemos necesario una reforma en profundidad de todo el sistema educativo, muy especialmente el universitario y la Formación Profesional, que con el consenso del nuevo gobierno, los agentes sociales, las asociaciones empresariales, las empresas y las universidades, se vuelque en dotar a la juventud de las capacidades necesarias para los nuevos cambios tecnológicos.
4. Apuesta por la Innovación. La inversión en I+D+i en España (1,19% del PIB) es claramente inferior a la media de los países desarrollados. Asimismo, España goza de una sólida producción científica pero que no se corresponde con el número de patentes registradas. Durante la nueva legislatura debería intentarse aumentar la inversión en I+D pública y, especialmente, privada (mediante aumento de los incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica) acercándose al objetivo del 3% del PIB de la Unión Europea. Asimismo debe potenciarse una mayor vinculación de la comunidad investigadora y el sector productivo, y una mayor protección de la propiedad intelectual.
5. Calidad institucional. La neutralidad de las instituciones es fundamental para la estabilidad del sistema. En España se perciben usos partidistas de muchas instituciones públicas – las televisiones autonómicas, la educación en las escuelas y universidades, algunas empresas públicas y las oficinas de apoyo al comercio exterior de algunas autonomías son algunos ejemplos. Esta politización ha dado lugar, en demasiados casos de nuestra historia reciente, a desbordamientos de la legalidad. Un país no puede permitirse que el sistema se desestabilice continuamente por un mal uso de las instituciones públicas. Por ello desde la Cámara proponemos establecer sistemas de buena gobernanza y vigilancia ex ante, mejorando los mecanismos de supervisión en el ordenamiento jurídico.
6. Imagen de España en el exterior. Otro importante desafío es conseguir mayor reconocimiento internacional de la importancia económica de nuestro país y de algunos de los grandes logros de las últimas décadas (uno de los países con el mejor sistema sanitario, con mayor seguridad, con empresas fuertes, etc). Los responsables de las multinacionales de origen español se enfrentan muchas veces a preguntas que suponen una falta de conocimiento por parte de los inversores en sus road shows. Por su parte, los responsables en España de las filiales de empresas extranjeras tienen idénticos problemas al pedir más recursos. Aunque se han hecho grandes avances y se han dedicado muchos esfuerzos, España sigue apareciendo como nota al pie de página en la prensa internacional salvo cuando se producen noticias negativas. Creemos que es fundamental para una mayor atracción de inversión que el nuevo Gobierno tenga como prioridad mejorar la presencia institucional y empresarial española en los foros mundiales y lleve a cabo una labor constante de Relaciones Públicas con la prensa extranjera, especialmente anglosajona.
7. Por último, España lleva desde las Elecciones Generales del 2015 instalada en una situación de interinidad, que impide a las empresas invertir pensando en el largo plazo y a los gobernantes tomar decisiones que tengan impacto duradero en la mejora de la inversión y el bienestar de las familias. Por ello, creemos necesario los máximos consensos de los partidos políticos para gobernar durante la totalidad de la legislatura y llegar a acuerdos amplios en los principales asuntos que van a determinar el futuro de los españoles en las próximas décadas, entre ellos, los destacados en esta nota.
